Para vivir en sociedad, se debe seguir una serie de lineamientos que permitan que la convivencia sea lo suficientemente pacifica, para crear un bienestar general y así poder garantizar que las personas puedan desarrollarse libremente.
El libro de reglas al que todos nos acogemos es la Constitución Política del país. Es allí donde está consignado, qué se puede y qué no se puede hacer, cuáles son nuestros derechos, y cuáles son nuestros deberes. Qué cosas priman sobre otras, cuales son los comportamientos que son permitidos, y cuáles deben reprenderse.
Pero en la carta magna de 1991, salió un esguince a la Ley: El Libre Desarrollo de la Personalidad, y basado en eso, las personas creen que pueden realizar lo que deseen sin asumir las consecuencias de sus actos.
La semana anterior comenzaron los problemas, cuando el presidente Iván Duque, declaró que va a expedir un decreto que permita a la fuerza pública decomisar las drogas ilícitas que las personas porten. Si una droga es ilícita, debería sancionarse a la persona que la porta, pero en Colombia, gracias al difunto ex Magistrado Carlos Gaviria, desde 1994, las personas pueden consumir esas sustancias sin ninguna restricción por ser su derecho al libre desarrollo de la personalidad.
El Estado debe actuar como Padre de los connacionales, pero los ciudadanos están actuando como hijos rebeldes que no quieren que se les pongan límites a sus comportamientos. Igual que un adolescente que se cree adulto y no pide permiso para salir a la calle, y espera que sus padres no lo reprendan por ser lo suficientemente grande para hacer lo que desea. Ese es el tal “libre desarrollo de la personalidad”.
Antes de llegar al punto de la prohibición e incautación, vamos a ver un ejemplo y pongámonos del lado de los padres: ¿Si tu hijo de 3 años está en la cocina jugando con los cuchillos, qué haces como padre o madre?, ¡déjelo jugar! Así aprende a manejarlo y, si se corta, es la mejor manera de aprender. Esa es la respuesta del libre desarrollo de la personalidad. Pero lo que los padres en realidad hacen es quitarle el cuchillo para evitar que se corte, y decirle que es peligroso y que no lo vuelva a hacer, con el paso del tiempo, cuando tengan unos 6 o 7 años, se le enseña a utilizar el cuchillo bajo la supervisión del padre o la madre, y luego cuando el niño tiene 8 o 9 años, se le enseña a cocinar lo básico, obviamente utilizando los utensilios de cocina y con las precauciones del caso. Esa es la manera en la que se debe permitir el uso del cuchillo, primero se enseña, se le muestran las posibles consecuencias de su mal uso, se educa en el conocimiento, y por último se permite su uso.
Aplicándole sentido al caso del niño, en Colombia, sin ninguna campaña, sin ninguna enseñanza, sin conocimiento de las consecuencias y con la irresponsabilidad propia de una persona que se creía con la capacidad moral por encima de todos, se decide que las personas pueden consumir sustancias ilícitas, por ser su libre desarrollo de la personalidad. ¡Qué irresponsable fue Carlos Gaviria! Y en ese sentido, que mal le hizo a nuestra sociedad. A todo esto, se suma la ausencia de control de un organismo. Es el INVIMA, el organismo encargado de la vigilancia de los medicamentos y los alimentos que consumimos los Colombianos. Cuando una empresa farmacéutica desea lanzar un nuevo producto, se requiere que el INVIMA dé la autorización de su comercialización, luego de un estudio exhaustivo sobre las consecuencias de su uso a corto y largo plazo. Al igual que cuando un comercializador desea importar un alimento o un productor nacional, quiere vender su cosecha en los supermercados, necesita autorización de esta entidad. Si el INVIMA, no lo autoriza, no se puede vender el producto por ser nocivo para la salud, o por causar daño a futuro por su utilización prolongada, pero, las sustancias ilícitas, no tienen ningún control o revisión, obviamente porque son ILICITAS.
No se puede ver la mariguana como una planta inofensiva, o la cocaína como un "polvito" que los lleva a las nubes. Esa es la diferencia de control aplicable a un producto de consumo cualquiera. ¿Cómo saben los adquirientes de sustancias sicoactivas que esos productos no son dañinos para su organismo?, ¿cómo saben cuales fueron los químicos empleados para su producción?, ¿cómo saben que las practicas para su fabricación cumplen con la sanidad necesaria apta para consumo humano?. Son preguntas que esperan respuestas. La falta de campañas contra el uso, la falta de información desde la primaria infancia que nos va dejando esparcidos adictos que van adquiriendo la condición de enfermos. Si, lo que comienza por curiosidad o por presiones sociales.
Somos un pueblo que no aprende de valiosas experiencias. Recordemos la exitosa campaña contra el consumo del tabaco, y su completa erradicación en recintos cerrados. Hoy los fumadores son seres exóticos. Lo que comenzó como una campaña que lleva más de 20 años desde los jardines infantiles, arroja en este país los frutos. Empresas como la Phillips Morris, a sabiendas que sus productos estrellas están en decadencia, migraron a nuevos negocios, como la oferta de productos de Frito Lay.
Abrir un mercado libre de consumo tan nocivo como son las drogas, así sea por dosis, increíblemente adictivo, y sin hacer una concientización colectiva, fue un crimen contra nuestras nuevas generaciones. ¿Cuántos grandes cerebros hemos perdido en el aquelarre de las drogas?. ¿Cuántos empresarios vieron sus fortunas destruidas por un pase?. ¿Cuántos habitantes de la calle hubieran deseado nunca hacer ese primer pitazo?, Muchas gracias nuevamente desde el más allá, doctor Carlos Gaviria.
Mientras tanto, aquí tenemos el colosal problema. El gobierno está tratando de revertir esa situación. Claramente dice que no va a judicializar a las personas que encuentran en posesión de las drogas, únicamente se las van a decomisar y destruir. Seguimos mirando para otro lado, queriendo ignorar que son productos ilícitos, lo que debiera producir consecuencias. Quitárselas es muy poco.
Reconocemos si, que con esa medida, se va a lograr algo que los padres deseamos, entre ellas: dejar de ver drogadictos en los parques, ponerle freno al descaro de transeúntes con un “cacho” en la mano. Vamos a poder regresar a los estadios sin el humo asfixiante, ya que esas drogas les serán decomisadas. Faltaría adicionar al Decreto que las personas que estén consumiendo en los espacios públicos, se les quité inmediatamente. Los usuarios como “adultos” que usan su derecho al libre desarrollo de la personalidad, lo pueden hacer, pero en sus casas.
Otra arista de tan complejo problema, es el de que las drogas ilícitas son des inhibidoras, y es por eso que la mayoría de los delincuentes las usan antes de realizar sus delitos, para sentirse poderosos y no tener restricciones éticas al momento de sus actos. Esa medida también de manera indirecta aumentará los niveles de seguridad. Los contradictores dicen, que los asaltos se incrementarán, debido a que los adictos a los cuales se les quita el producto aumentarán su ansiedad por más demanda, y los precios subirán creando una bonanza a los carteles del microtráfico. Eso es cierto, pero como todo producto que se vuelve inalcanzable, en este caso los adictos buscarán ayuda para salir de esa esclavitud y disminuirá la cantidad de ellos. Hoy está pasando con las fabricas de licores del país, los precios altos están llevando a que las cantidades de alcohol vendidas estén en descenso.
Ya por último, el llamado a los defensores del libre desarrollo de la personalidad. Piensen la siguiente frase “…padre, me estoy dando cuenta, que me gusta matar…” frase dicha por Ernesto “el che” Guevara a su padre. En el referido e histórico caso, así se expresaba su personalidad, se sentía pleno matando. Atendiendo el símil, ¿deberíamos permitir el asesinato como un libre desarrollo?. Tengamos siempre presente que los Derechos terminan donde se comienza a invadir el Derecho de los otros. En el caso objeto de este escrito, hoy en día, son más las personas que se ven afectadas por la permisividad del uso de las sustancias ilícitas, que los enfermos a los que se les puede reportar algún beneficio.
Así las cosas, debemos exclamar ante el Presidente Duque, ¡bienvenido su nuevo decreto!. Y esperemos que la ministra de Justicia no sea el palo en la rueda, creando un caos para implantar su procedimiento.
Carlos Andrés Echavarría Blandón Es Ingeniero Civil de la Universidad Nacional, Especialista en Gestión Empresarial de la Universidad Santo Tomás, Creador de empresas y líder en emprendimiento con amplio reconocimiento público y privado en razón de sus Asesorías e interventorias.
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