Políticamente, como lo dice el presidente de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas): “la reducción de los costos al empleador genera empleo, cuando ninguna experiencia internacional permite asumir una conclusión en tal sentido”.
JUAN DIEGO BARRERA ARIAS
Abogado Universidad de Antioquia
Barrera Arias Abogados & Asesores
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Los aportes parafiscales, se han tornado en discusión versada en dos posiciones dominantes; por un lado, la de un desmonte gradual o inmediato, mientras por el otro, la de mantenerlos o reformularlos, pues sostienen estos últimos, que sus costos no influyen de manera negativa en la actividad económico- productiva del país.
Como ya se conoce, los aportes parafiscales son los que realizan las empresas para el funcionamiento del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y las Cajas de Compensación Familiar (CCF), todos estos encaminados a labores de carácter social con importantes consecuencias de materia económica a futuro para el ciclo de productividad nacional.
Es de política social y económica que un país como el nuestro propugne tributos a la actividad comercial con el sentido de luchar contra las brechas sociales propias de un país como Colombia, el cual, a pesar de su crecimiento económico, no alcanza el desarrollo que derive la satisfacción total de muchas necesidades padecidas en nuestra nación, es decir no logrando lo que se conoce en la cátedra económica como: “el desarrollo humano sostenible”.
La no viabilidad de una posible culminación de esta política económica, se remonta a tres puntos de vista, que de manera objetiva explican lo improcedente, regresivo, pero a la vez esgriman la importancia del mantenimiento esta política fiscal en el engranaje social colombiano.
Políticamente, como lo dice el presidente de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas): “la reducción de los costos al empleador genera empleo, cuando ninguna experiencia internacional permite asumir una conclusión en tal sentido”. De manera fulminante esta afirmación confirma que un guiño al sector empresarial, sobre la imposición de los tributos parafiscales no es más que aumentar sus utilidades, pues en realidad la racionalidad del productor más que la generación de plazas de trabajo, es el ampliación de la rentabilidad contable de su empresa, lo cual, se convertiría en una jugada en contra de los trabajadores que verían minimizados sus derechos a la capacitación educativa para la tecnificación laboral (prestada por el SENA), los beneficios derivados de las CCF, y los programas de protección como “hogares empresariales”, fines propugnados en nuestra Carta Política del 91.
Seguidamente, el impacto económico sobre el país, a pesar de la fortaleza que ha tomado la nación en materia financiera (que con el paso de los años a decaído), y a pesar de las proyecciones realizadas por el DANE de un crecimiento en la economía, no soportaría una
nueva reforma tributaria, la cual designe otros medios de financiación, que no dejarían de ser mas que más impuestos para darle sostenibilidad a los programas implantados por las entidades que son en la actualidad sostenidas por los aportes de la parafiscalidad. Y de manera lógica y concisa sería una jugada de desgaste legislativo, la de derogar antiguos tributos para la puesta en vigencia de nuevos, con el agravante de que nuevos impuestos regresivos como en el caso del IVA para su manutención serían tratar a todos los ciudadanos por iguales cuando los niveles de repartición de la riqueza son sectorizados y concentrados en una parte reducida de la población.