Cabeza fría para una mejor fuerza pública

"No puede en ningún momento pensarse en la desaparición de las Fuerzas Militares; estas son, por evidencia histórica y por mandato constitucional, una institución que es pilar en la defensa de los derechos y garantía de la preservación de la Constitución. A tal punto, que todos los ciudadanos estamos llamados a tomar las armas, cuando las necesidades públicas así lo determinen (Artículo 216 C.P.). "

JUAN DIEGO BARRERA ARIAS
Abogado Universidad de Antioquia
Barrera Arias Abogados & Asesores
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Y es que la luz de la democracia y de las instituciones, las investigaciones de todos los entes encargados del Estado, deben de proceder con celeridad e independencia, con la finalidad de establecer la realidad de los hechos, la imputación de responsabilidades, las sanciones a los culpables y la vigencia y protección de las instituciones constitucionales, esto último, pilar importante para la legitimidad de cualquier actuar de poder.

Los últimos hechos violentos del país, derivados de masacres y homicidios por acciones de personal uniformado de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, ha tornado en una politización de los hechos, politización que polariza, que genera violencia y diluye el verdadero debate que debe permear estos hechos en el entorno del debate democrático que debe darse a tan graves hechos y la actuación del Estado.

De un lado y de una postura oficial, se ha tomado una actitud defensiva, actitud que genera en primer lugar una posición intransigente ante la realidad y gravidez de la situación que está aconteciendo y seguidamente genera el desconocimiento de los fallos que se presentan por pate de algunos miembros que hacen parte de las filas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Por otra parte, la postura opositora es una actitud beligerante, incendiaria y condenatoria, lo cual permite entender su desconocimiento de la importancia de las instituciones, dado que en primer lugar no puede pretenderse la destrucción de las instituciones para salvaguardarlas y peor aún, para sacar réditos políticos (igual que algunos miembros del Gobierno Nacional) y segundo, olvidan que toda actuación se encuentra sujeta al debido proceso el cual establecerá las responsabilidades de los actores y en particular de proteger las instituciones, que si bien requieren reformas, deben estar al margen de cualquier ánimo político electoral.

Las Fuerzas Militares, se encuentran en un nuevo escenario derivado del Tratado de Paz firmado por el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón y el grupo terrorista de las farc. Sea cual sea la posición sobre el acuerdo de paz firmado, no puede negarse que la lógica de las Fuerzas Militares ha tenido que dar un viraje, dado que no puede, bajo la concepción anterior, tener el objetivo común de la lucha contra el terrorismo farciano. Si bien, quedan existentes las tropas de este grupo que no se han apegado al acuerdo, y los demás grupos terroristas como lo son el eln y los grupos narcoterroristas llamados gaos en la nueva narrativa militar, no puede olvidarse que el imaginario de las farc era el principal hito y objetivo de lucha de las fuerzas del orden del Estado. De allí, que debe de iniciarse un proceso de renovación del hito fundacional de las Fuerzas Militares, la cual se circunscriba a la búsqueda de la integridad del orden constitucional (Artículo 217 C.P.). Este cambio de imaginario, es vital para la generación de una defensa de la democracia derivada de la constitución; si estamos ante una Fuerzas Militares que tienen conocimiento de la Constitución que defienden, ello es el primer control para sus actuaciones se circunscriban a los lineamientos establecidos en la misma; así que protegen la constitución y al tiempo se defiende. Es claro, que no puede tomarse una pedagogía de la Constitución en las filas castrenses como una disminución de su capacidad armamentista, sino que será esta pedagogía la que generará un uso legal de la autoridad (que nunca se debe de negociar) y legítimo de la fuerza, cuando a ello deba de recurrirse.

De otro lado, se debe tener en cuenta que la mirada post firma del “Acuerdo de Paz”, las miradas a toda la situación de orden público de Colombia, se dirigirá al accionar de la Fuerza Pública, no puede pensarse que hacer una vigilancia al accionar de las fuerzas del orden es desmeritarlas o buscar el declive de las mismas; por el contrario, es un ejercicio propio de la democracia la veeduría que la ciudadanía realiza a las instituciones con la intención y finalidad de velar por el cumplimento pleno de sus facultades. Esta situación pone un reto para el Gobierno Nacional y es la de generar capacidad de las fuerzas del Estado para una actuación bajo el apego a los lineamientos constitucionales y al tiempo en el comienzo de una profesionalización total de la Fuerza Pública que conlleve a una mejor garantía de la protección de los derechos de los ciudadanos y un ejercicio legítimo del uso de la fuerza por parte del Estado.

No puede en ningún momento pensarse en la desaparición de las Fuerzas Militares; estas son, por evidencia histórica y por mandato constitucional, una institución que es pilar en la defensa de los derechos y garantía de la preservación de la Constitución. A tal punto, que todos los ciudadanos estamos llamados a tomar las armas, cuando las necesidades públicas así lo determinen (Artículo 216 C.P.).

La profesionalización de las Fuerzas Militares es una deuda histórica no sólo con las fuerzas del orden ni con la ciudadanía, sino con la Constitución y la democracia colombiana. Una Fuerza Militar, ligada directamente a un entrenamiento y tratamiento profesional de sus integrantes, conllevaría a mayores éxitos en la lucha contra la criminalidad y amenazas de la democracia. El continuar con el reclutamiento obligatorio de jóvenes para suplir filas y hacer labores, en la mayoría de ocasiones, militares de confrontación, es una situación que conlleva a la comisión de errores que enlutan familiar, desprestigian nuestra Fuerza Militar y terminan siendo pagados por todos los colombianos vía impuestos.

Independientemente de la posición política (caldeada por el ánimo electoral del año 2022), debemos siempre rodear la institucionalidad conforme a los cimientos constitucionales. La defensa de las instituciones con razonabilidad de los postulados determinados en nuestra Carta, es la mejor postura ideológica para una democracia profunda; no podemos seguir pretendiendo que el apasionamiento político este por encima de los principios de nuestro sistema de derechos e institucional.

Juan Diego Barrera Arias es jurista de la reconocida firma Barrera Arias Abogados & Asesores. Abogado de la Universidad de Antioquia, es innovador pedagógico, como Director Canal Youtube, La Nota Jurídica. Hace parte del Grupo Consultor de la Escuela del Buen Vecino en la SAI.

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