Una nueva legislatura, pero el mismo Congreso

El costo mensual del Congreso de la República, aproximadamente asciende a una suma de 24 mil millones de pesos. Por lo que en un semestre esta institución significa un rubro de 144 mil millones de pesos, los cuales, divididos por el producto final, del cual es el fundamento de su existencia (las leyes), cada ley en Colombia en este último semestre fue por un valor de 20.5 mil millones de pesos.

JUAN DIEGO BARRERA ARIAS
Abogado Universidad de Antioquia
Barrera Arias Abogados & Asesores
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Haciendo una lectura sencilla, literalmente matemática, se puede deducir que en la última parte de la legislatura que acaba de terminar, tomando como término de medición el último semestre, sólo se profirió siete leyes; es decir, 1.1 ley por mes fue tramitada por el órgano por excelencia de debate y deliberación democrática. De las 7 leyes proferidas 3 son de conmemoración y tributo, por lo que sólo 5 en realidad son leyes que tienen un carácter relativamente trascendental para la vida de los colombianos; y esto que es debatible que tan relevante es la normatividad expedida.

El costo mensual del Congreso de la República, aproximadamente asciende a una suma de 24 mil millones de pesos. Por lo que en un semestre esta institución significa un rubro de 144 mil millones de pesos, los cuales, divididos por el producto final, del cual es el fundamento de su existencia (las leyes), cada ley en Colombia en este último semestre fue por un valor de 20.5 mil millones de pesos.

Esta situación es completamente vergonzosa para un país que exige de cambios legislativos en aras a las nuevas realidades. Es una forma que el Congreso en sí mismo se desprestigia y demuestra que no está a la altura de los retos actuales; que la pandemia no ha sido un escenario que le permita reorganizarse, y redireccionar la mirada a la construcción de región y ciudadanía, sino que ha sido un agravante para su gestión.

Y es que la calidad de las leyes si son un punto de partida para la calificación de la institución legislativa; no puede usarse la pandemia como excusa para tan escasa productividad parlamentaria; es notorio que dar prelación a debates iniciativas superfluas que se encaminan principalmente a la conmemoración de lugares o fechas; y digo superfluas para el momento actual del país; es notorio el desdén del legislativo para legislar sobre asuntos realmente importantes a la realidad social, asuntos que han sido incluso exhortos de la misma Corte Constitucional y que a la fecha estamos a la espera de regulación:

a. Regulación del estatuto del trabajo.

b. Regulación y reforma de acceso a tierras campesinas.

c. Derecho a la conectividad de internet universal.

d. Derecho de olvido.

e. Derecho a la muerte digna.

f. El acceso universal y efectivo a la salud.

g. Actualización de la regulación civil.

h. Derecho fundamental al agua.

Este pequeño listado sólo deja entrever cuales son las verdaderas prioridades del país y cuales las de los políticos; y al fin de cuentas ya cada uno podrá sacar la conclusión si en realidad les interesa o no Colombia. Así podemos concluir que no tendremos las mejores leyes, pero si las más costosas del mundo.

Juan Diego Barrera Arias es jurista de la reconocida firma Barrera Arias Abogados & Asesores. Abogado de la Universidad de Antioquia, es innovador pedagógico, como Director Canal Youtube, La Nota Jurídica. Hace parte del Grupo Consultor de la Escuela del Buen Vecino en la SAI.

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