No podemos pasar por alto el desarrollo de la democracia en nuestro país, así como los
avances en materia democrática los cuales tienen como partida la Constitución
Política colombiana de 1991. Esta se origina en un momento en el cual tanto interna
como externamente se venían ejerciendo en el país una serie de presiones
orientadas a lograr la apertura de mayores espacios democráticos, en ella se
contemplan más de 38 artículos referidos al fortalecimiento de la democracia, se dio
un paso importante al establecer nuevos espacios para la participación de los
ciudadanos a través de los diferentes mecanismos de participación, todos ligados
con el ejercicio de la democracia participativa. A partir de los años noventa, se fue
creando una amplia y compleja infraestructura para fortalecer la participación
ciudadana que amplió las oportunidades para que diversos sectores de la población
pudieran intervenir en el escenario público; además de los mecanismos de
planeación participativa, para determinados sectores minoritarios se establecieron
circunscripciones electorales especiales, posibilitándose la participación política de
actores sociales notorios como los movimientos indígenas y los afrodescendientes,
a su vez, se abrió la posibilidad para que aquellos movimientos y grupos de
ciudadanos que no se sentían representados en los partidos políticos pudiesen
recurrir a inscripción de candidaturas mediante la recolección de firma. En las
modificaciones realizadas a los mecanismos de participación ciudadana, uno de los
que más cambios presentó, fue la revocatoria del mandato para Alcaldes y
Gobernadores, modificando los porcentajes requeridos para convocar comicios de
revocatoria. Con la Constitución de 1991, al menos desde el punto de vista
normativo, Colombia amplió las oportunidades que tenían los ciudadanos para
intervenir en la definición del destino colectivo, creando una compleja infraestructura
para la participación ciudadana, que va, desde los espacios y mecanismos de
participación ciudadana hasta las formas para ejercer el control social a lo público.
Pese a la importancia que adquirió la participación ciudadana en las últimas
décadas, aún existen retos y desafíos a superar que conduzcan al fortalecimiento
de la participación ciudadana y el logro por ende de una democracia plena.
Las excepciones al estancamiento democrático lo conforman Uruguay y Costa
Rica, quienes poseen “democracias plenas”, gracias a la recuperación del concepto
de igualdad social y sus avances hacia la diversidad, acompañada por una
cosmovisión más inclusiva, diversa e integral de los derechos humanos.
Es de reconocer el avance que han tenido todos los países de América Latina,
pero no podemos ser conformistas, debemos quitarnos la venda que nos impide ver
en pleno siglo XXI, aun la democracia es precaria, solo Uruguay alcanza el puesto
número 15 en el Ranking mundial. Seguimos contando con sistemas democráticos
precarios, la línea divisoria entre las democracias imperfectas y las híbridas
no es muy rigurosa, los partidos políticos y el Congreso son dos de las instituciones
que menos confianza genera entre la ciudadanía latinoamericana, y esta notoria
debilidad de dos instituciones centrales para cualquier democracia es un síntoma
preocupante, tanto por sus bajos niveles de confianza como por su persistencia en
el tiempo; con índices tan bajos no es de extrañar que muchos expertos hablen de
una verdadera crisis de representación. Simplemente, los ciudadanos no creen a
sus representantes ni se sienten representados por éstos y, a todo lo expuesto
anteriormente, le sumamos la fragilidad del Estado de derecho en muchos países
de la región, lo que se traduce en una falta de seguridad jurídica que abarca todo tipo
de ámbitos de la vida de las personas, que va desde las políticas penitenciarias hasta
la discriminación por género o etnia, todas estas características configuran una
democracia defectuosa.
En resumen, sólo dos países de la región logran entrar en
la categoría de
“democracia Plena”: Costa Rica y Uruguay. Nueve países, entre
ellos Argentina, Brasil, Chile, México y Colombia, son considerados
“democracias
defectuosas”, mientras que otros seis, entre ellos: Bolivia, Guatemala y Venezuela,
ni siquiera son considerados democracias propiamente dichas, sino
“regímenes
híbridos”. Por último, no hay que perder de vista que no ha sido mucho el avance
de la democracia electoral, pues en los últimos 30 años un total de 16 presidentes vieron
interrumpidos sus mandatos por distintas razones, los dos últimos casos fueron los
de Manuel Zelaya en Honduras en 2009 por un golpe de Estado, y Fernando Lugo,
en Paraguay en 2012 debido a un juicio político.
Es necesario hacer un breve recorrido por los gobiernos vigentes de América
Latina para entender los factores actuales que impiden la evolución de la democracia,
y como las problemáticas sociales juegan un papel determinante en el
estancamiento de esta.
DEMOCRACIAS EN AMÉRICA LATINA 2019
PAIS GOBERNANTE ORIENTACION COYUNTURA
ARGENTINA MAURICIO MACRI
Centro - derecha GRAVE CRISIS FINANCIERA
BOLIVIA EVO MORALES
Izquierda PARÁLISIS GUBERNAMENTAL
BRASIL JAIR BOLSONARO
Derecha EXTREMISMO CONSERVADOR
CHILE SEBASTIAN PIÑERA
Centro - derecha ESTABILIDAD ECONÓMICA
COLOMBIA IVAN DUQUE MÁRQUEZ
Derecha PROCESO DE PAZ
COSTA RICA CARLOS ALVARADO Q.
Centro - izquierda DEMOCRACIA PLENA
CUBA MIGUEL DIAZ - CANEL
Izquierda REFORMISMO POST CASTRO
ECUADOR LENIN MORENO
Centro - izquierda RETORNO CONSERVADOR
EL SALVADOR NAYIB BUKELE
Centro - derecha VIOLENCIA Y CRIMEN
GUATEMALA JIMMY MORALES
Derecha MIGRACIÓN CRECIENTE
HONDURAS JUAN O. HERNANDEZ
Derecha VIOLENCIA Y MIGRACIÓN
MÉXICO A.M. LOPEZ OBRADOR
Izquierda 4ª TRANSFORMACIÓN
NICARAGUA DANIEL ORTEGA
Izquierda AUTORITARISMO
PANAMÁ JUAN CARLOS VARELA
Centro - derecha REFORMISMO
PARAGUAY MARIO ABDÓN BENÍTEZ
Derecha INESTABILIDAD POLÍTICA
PERÚ MARTIN VIZCARRA
Centro - derecha RECUPERACIÓN MACRO
PUERTO RICO RICARDO ROSELLO
Derecha CRISIS DE GOBERNABILIDAD
REP. DOMICANA DANILO MEDINA
Derecha RECUPERACIÓN ECONÓMICA
URUGUAY TABARE VÁSQUEZ
Centro - izquierda DEMOCRACIA PLENA
VENEZUELA NICOLAS MADURO
Izquierda AUTORITARISMO
La experiencia democrática latinoamericana del presente siglo ha superado la
existencia de gobiernos militares, pero no ha transitado a la consolidación de
sistemas de participación democrática y de reafirmación de una agenda ciudadana
que supere las consignas partidistas y las prácticas de populismo de las élites
gobernantes.
¿Deuda del Estado Social?
Para hablar acerca de la actual deuda del Estado social, se debe mencionar
como antecedentes sociales de la Constitución de 1991, la violencia
desenfrenada que se vivía en el momento en el país, cuyos números hablan de cerca de 25.000 muertos por
año, debido a la confrontación del gobierno con los carteles del narcotráfico, la
creciente presencia de los grupos guerrilleros a lo largo y ancho del territorio
nacional, el surgimiento de los grupos paramilitares como una respuesta para
contener el actuar de las guerrillas, sumando la muerte de tres candidatos a la
presidencia, la eliminación sistemática de los miembros de la Unión Patriótica, el
descrédito y poca representatividad de la clase política, la poca aplicabilidad de la
Constitución de 1886, la continuidad de los problemas estructurales de pobreza,
desigualdad, falta de oportunidades, entre otras circunstancias, todo lo cual llevó a que se
convocará la Asamblea Constituyente de 1991, de la que surge la Constitución de
ese mismo año. A pesar de que esta se basó en modelos extranjeros como la Ley
Fundamental alemana de 1949 y la Constitución española de 1978, que establecen
cada una el principio del Estado Social de Derecho como pilar fundamental del
Estado; en el caso colombiano, será la Corte Constitucional la que le dé una
interpretación a este principio acorde con las circunstancias propias que atravesaba
el país.
Uno de los puntos más relevantes de este cambio constitucional es que bajo la
concepción del Estado Social, la igualdad no sólo se predica desde el punto de vista
de la ley, sino que establece la igualdad también de carácter material, que significa
que el Estado tiene la obligación de atacar los factores generadores de desigualdad,
y frente a esto, debe garantizar la plenitud de los derechos de aquellos que se
encuentran en una situación de desventaja, las crisis sociales exigieron repensar la
misión del Estado y de su posición frente a la ocurrencia de todo tipo de hechos que
atentaban contra la existencia de miles de personas, todas aquellas que no tenían los medios
mínimos para subsistir. Esta situación que generó, que a partir de la creación del
Estado Social, a esa igualdad formal se le agregara la denominada igualdad
material, de esta manera se entendió entonces, que no es suficiente con que todos
sean iguales ante la lay, ahora lo que trasciende es la igualdad real, que se
refiere a que tiene que haber una satisfacción mínima de ciertas necesidades como:
educación, salud, alimentación, vivienda, recreación..., entre otros, para todos.
Es así como desde las modificaciones a la carta magna en 1991, la nueva visión implica una
modificación trascendental en la forma de concebir al Estado y el actuar de sus
diferentes organismos, sin embargo, en Colombia es urgente y por lo tanto
inaplazable afianzar una cultura constitucional, para que se logre que la Constitución
como norma suprema no se quede sólo como un instrumento en manos de
políticos y abogados, sino como la herramienta esencial e idónea para la solución
pacífica de los conflictos que aquejan al país, bajo el manto del respeto por el otro,
bajo un régimen democrático que vele por los interese de los ciudadanos, pues al día
de hoy, son múltiples los problemas que aquejan al orden jurídico nacional.
Llamar a Colombia Estado Social de Derecho representa entonces una osadía, cuando el país
registra cerca de 610.000 tutelas anuales, de estos expedientes de tutela llegaron
a la Corte 151.241, que corresponden a la protección del derecho de petición; a la
solicitud de información y expedición de copias. Todavía las autoridades públicas
no han entendido que este es un derecho fundamental que exige una respuesta
oportuna y eficaz. Este escenario de desigualdad, deja en evidencia que todavía no
está incorporado de manera plena y extensiva en el discurso de los demás
operadores jurídicos el paradigma del Estado Social y Constitucional de Derecho. WQO
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Fuentes biográficas
ü Smith, P. H. y Martínez Gimeno, C. (2009).
La democracia en América Latina. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales.
https://elibro.net/es/lc/lasallista/titulos/101853
ü Vidal, G. y León Naveiro, O. D.
(Ed.). (2010). América Latina: democracia, economía y desarrollo social. Trama Editorial.
https://elibro.net/es/lc/lasallista/titulos/59523
ü https://nuso.org/articulo/la-lucha-por-la-democracia-en-america-latina/
ü http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472018000200029
https://www.researchgate.net/publication/326876158_La_precariedad_de_las_democracias_en_America_Latina_una_mirada_desde_la_doctrina_social_de_la_iglesia
De:
Escuela del Buen Vecino EBV
Enviado: sábado, 18 de julio de 2020 5:17 p. m.
Para:
WINDHER DARIO QUIROZ OSPINA; Windher Dario Quiroz Ospina
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