Del primer ítem tratado, debemos tener presente que si Colombia es un país en el cual,
en circunstancias ordinarias, no hay una capacidad institucional para combatir la
corrupción; míseramente, en situaciones extraordinarias como la pandemia, hay más
capacidad de defraudar el erario y hacer el “agosto” dé cuenta de la contratación de
urgencia para combatir la pandemia; si bien ya lo hemos manifestado en este espacio, la
cultura hace parte de la determinación de un país honesto y uno corrupto; también es
cierto que mientras alcanzamos tal grado de civilidad en lo público, requerimos de
herramienta y andamiaje estatal fuerte para combatir la corrupción. Cada acto de
corrupción es un acto de deshonra a los postulados constitucionales; dado que defraudan
los fines para los cuales se ha constituido nuestro Estado; y ello en detrimento directo de
cada uno de los que conformamos parte de la nación colombiana. Desde el acto más
sencillo hasta al más grave, es la corrupción en Colombia un cúmulo de acciones que, por
su cotidianidad, han pasado del agravio a la aceptación social; cada día nos
sorprendemos con un nuevo acto de corrupción más embarazoso; el cual nos hace olvidar
su antecesor y estar a la espera de un nuevo hecho de corrupción que nos sorprenda. La
visibilización de la corrupción nos ha llevado a aceptarla y hacerla parte de nuestra forma
de vida; y peor aún, cómplices de la misma, ya pocas cosas nos sorprenden y que la
corrupción en pandemia este aumentando, nos parece un silogismo o resultado lógico de
la situación.
De otro lado, y no menos grave que el anterior ítem, la actual situación de pandemia nos
permite evidenciar una Colombia conformada por los grandes centros urbanos y por
aquella que resta y que podríamos denominar la Colombia rural. Los abismos entre la
Colombia de las grandes capitales, y los demás municipios del país, son evidencia de un
completo desdén y abandono por parte de las políticas estatales para un crecimiento
congruo tanto del centro como de la periferia del país. El atraso en infraestructura, en
educación, en servicios públicos, en salud, en conectividad digital, son un ejemplo vivo
que permite entender que existe una pandemia en la ciudad, otra en las grandes capitales.
Que las grandes capitales aun a pesar de sus capacidades financieras de inversión y
empleo; presentan atraso y desigualdad; lo que permite entender que las situaciones de
los demás territorios del país no dejan de ser mucho más graves. Que una de las
estrategias para enfrentar la crisis es evitar que lleguen personas de otros lugares, a
sabiendas que es el desarrollo sobre mesurado y el olvido mayúsculo de la periferia lo
que lleva a entender que el campo y el sector rural se quede inhabitado.
El Covid-19 ha permitido entender esto en el campo de la salud, las UCIs de los
principales centros urbanos son escasas para atender una suba exponencial de los
contagios; y mientras las capitales no tienen capacidad de reacción ideal para la situación,
el resto de país está a la merced de medidas estrictas de confinamiento, que si bien se
encaminan a evitar la propagación del virus, no atacan de fondo la causa del problema, la
cual es la falta de infraestructura digna de salud para todos los colombianos.
Cada día que pasa es un reto más para nosotros como ciudadanos y el Estado como
institución; afrontar la pandemia y pospandemia es el principal reto que debe permitirnos
reconfigurarnos, y establecer una sociedad con vigencia concreta de Estado Social de
Derecho para todos.
Juan Diego Barrera Arias es jurista de la reconocida firma Barrera Arias Abogados & Asesores. Abogado de la Universidad de Antioquia, es innovador pedagógico, como Director Canal Youtube, La Nota Jurídica. Hace parte del Grupo Consultor de la Escuela del Buen Vecino en la SAI.
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