Escuela del Buen Vecino EBV es civilidad
27 marzo, 2019
GRANDES HUELLAS QUE CAMBIARON EL MUNDO
31 marzo, 2019EL TERROR VESTIDO DE MINGA
Imagen de animación cortesía portal RCN Radio
En el año 1506 llegan los españoles al territorio que hoy conocemos como Colombia, descubren las riquezas de nuestros indígenas cubiertos y adornados con oro, que para la fecha lo usaban como un elemento de ornamento, época en la que las grandes minas hacían del material un uso cotidiano para ellos. Los españoles con su afán de enriquecerse comienzan a realizar asentamientos y es allí como en el año 1510 se erige como poblado San Juan de Urabá, luego en el año 1511 otro asentamiento, Santa María la Antigua del Darién; es así como se inicia la colonización. Comienzan las luchas y las batallas entre los colonizadores y los aborígenes de las zonas como los Taironas, los Chibchas, los Arauacos, los Nutabes y todas las demás tribus que componían nuestro territorio nacional. Era reducida la población aborigen, las batallas fueron muy desiguales, las enfermedades traídas desde Europa menguaban la población. Se estima que antes del año 1492, la población entre México y Argentina podía llegar a unos 12 millones de indígenas. En menos de 100 años, esa población ya se estimaba en menos de 1 millón.
Con la derrota de los indígenas y su rendición, el imperio Español les otorgó autonomía en unas zonas específicas para que pudieran continuar con su estilo de vida ancestral y bajo sus propias leyes. Hoy en día, la Constitución Política de nuestro país les da las mismas garantías y mismos derechos. Nos preguntamos: ¿cuándo se cruza la línea de indígena a mestizo? La pregunta es oportuna, teniendo en cuenta que los mestizos no tenemos esos derechos, y en Colombia prácticamente todos somos producto del mestizaje, más de 500 años viviendo en el territorio nos hace acreedores del derecho de decir que también somos nativos. Podríamos entonces reclamar entonces todos esos beneficios que las Mingas aducen tener el día de hoy.
Más del 95% de los que se hacen llamar hoy indígenas, viven en estructuras como las nuestras fabricadas con cemento y acero, compran los víveres en las tiendas de abarrotes de los pueblos, lucen vestimentas como las que vemos en las ciudades, tienen los elementos tecnológicos como celulares y computadores, se transportan en vehículos y reciben educación en las entidades públicas y privadas del Estado; entonces pregunto, ¿por qué siguen teniendo beneficios como pueblos indígenas?.
El anterior interrogante se sustenta en estos puntos: son la única comunidad exenta de pagar impuestos y algunos son grandes terratenientes a través de miles y miles de hectáreas donadas por el gobierno para su uso y explotación, tienen sus propias leyes y no se pueden juzgar como al resto de los colombianos. Ocurre todo lo contrario con la población negra que son más puros como lo demuestra nuestra región pacífica, afros que llegaron esclavizados desde las colonias, nunca se mezclaron y son mucho más puros que los indígenas del Cauca, pero para los afros no existen esas garantías por no ser aborígenes, así lleven aquí como realidad 400 años de colombianidad.
El Cauca, cuya gran parte de su territorio pertenece a las comunidades indígenas, viene siendo una de las zonas cocaleras más grande del país. Es además es fortín de la guerrilla de las Farc, que cambiaron ahora de brazalete al ELN y EPL. Desde allí se produce el alcaloide y se tiene tráfico hacia el puerto de Buenaventura en el Pacífico. Los indígenas que no sirven para hacer grandes plantaciones de comida, que no tienen proyectos productivos en sus territorios, que no tienen hatos ganaderos, que no utilizan sus terrenos para prosperar, solo los tienen para producir hoja de coca en grandes cantidades porque hace rato han optado por vivir de los beneficios de la planta maldita. Eso sí, que no se le ocurra al gobierno intervenir en sus terrenos, allá son autónomos y con unos suaves huetazos solucionan todo.
El sátrapa del expresidente Santos, se comprometió con darle y darle a la guerrilla de las Farc para obtener un monumento a su vanidad, esa es la razón de fondo para que las extensiones de los cultivos de coca se multiplicaron por 5 y la productividad también se aumento. Los indígenas del Cauca, viendo que sus territorios eran campo de cultivo por estar dentro de un para-Estado, viven en contubernio donde solo se pensaba en el negocio de las drogas.
Con el cambio de presidente y con la amenaza latente de Estados Unidos con arremeter contra Colombia por su inoperante acción en la lucha contra las drogas, se plantea volver al único medio que ha sido eficiente en la batalla contra los cultivos ilícitos: la aspersión aérea y el uso del fungicida glifosato como erradicador a gran escala.
Durante el gobierno del expresidente Uribe se empleó el método y Colombia pasó de tener sembradas 187.000 hectáreas en 2002, a 47.000 hectáreas en 2010. Se emplearon miles y miles de litros del fungicida y se reportaron cero casos de enfermedades graves por su uso. Para ambientar el asunto, todos los cultivos en Colombia usan glifosato, incluso estos días hubo una investigación a una cerveza y decía que contenía glifosato, ya que todos los cultivos lo emplean como erradicador de maleza. El año que más se empleó glifosato en la lucha contra las drogas fue el 2004 y solo se incrementó un 6% el uso del químico en Colombia. Engañan entonces los líderes de izquierda cuando afirman que el glifosato es malo; pero por supuesto que si lo es, es sobre las personas que cuidan, siembran o recolectan la hoja maldita, no sobre los colombianos de bien.
La Corte Suprema prohibió la erradicación de la coca por medio de aspersión aérea y se disparó nuevamente la siembra. Hoy tenemos más de 220.000 hectáreas sembradas y creciendo, mientras la Corte no exhibe una sola prueba de que el glifosato es malo para la salud. Actúan tan parcializados que parecen legisladores para y por la guerrilla y los narcotraficantes. Los casos que lo demuestra son a granel: a finales de febrero de 2019 el presidente de la Corte Suprema de Justicia interrumpe al Ministro de Defensa pidiendo explicación con el manido argumento de que el costo para erradicar una hectárea de coca con glifosato era de 100 millones de pesos, el ministro le responde que está totalmente equivocado, que el costo es de 2 millones de pesos y que ese dinero lo pone el plan Colombia financiado por EE.UU, que nos sale casi gratuito, y el togado para no dar su brazo a torcer le dice al ministro que le envíe la información a su despacho, ¡qué desfachatez y arrogancia! No se preocupan por los erradicadores ni por los militares que exponen todos los días sus vidas en los campos minados que dejan las guerrillas en los sembrados de coca, solo les importa el negocio con sus nuevos mejores amigos.
Como quedó abierta la puerta para volver a utilizar aeronaves para erradicar, ¡oh sorpresa!, salen los indígenas del Cauca a protestar, la minga se toma la vía panamericana y paraliza el sur del país, exigen la presencia del Presidente de la República para mirar el incumplimiento de los acuerdos firmados con el régimen Santos, tienen 7000 personas bloqueando y destrozando la vida de todos los habitantes del sur del país, pero tampoco los medios de comunicación se ocupan de los tales acuerdos incumplidos. Se infiere que piden más y más tierra, no para su explotación, no para crear industria, no para producir comida para sus comunidades, piden que se expropien los ingenios azucareros que tienen tierras en el Cauca, vaya descaro, comienza la afrenta a los generadores de empleo en la zona. Otra pregunta que nos surge: ¿quien está alimentando esas 7000 personas?, ¿de dónde salen los recursos para que se queden allí indefinidamente? Para la opinión pública resulta demasiado fácil suponer la respuesta.
Otro despropósito, piden una partida presupuestal de 4,5 billones de pesos para manejarlo a su antojo, según sus necesidades. Aquí vemos un punto que debería cambiar la condición de indígenas inmediatamente. Un indígena vive de la tierra, del comercio del trueque, de los ríos y de su naturaleza. Uno se pregunta, si son pueblos independientes y no tienen la moneda como método de cambio, ¿para que quiere un real aborigen dinero?, si lo van a usar en cosas materiales, son mestizos como nosotros y deberían perder sus privilegios. Tengamos en cuenta que la suma que quieren es mayor que el presupuesto de Medellín. También se conoce el testimonio de varios líderes indígenas del Cauca que dicen que buscan ese dinero para financiar campañas políticas para corrientes de izquierda; hay vídeo de indígena en Popayán con megáfono denunciando esto.
A toda esta serie de cosas inconstitucionales preguntamos, ¿dónde está la autoridad del presidente?. Debería recordar que los derechos de unos, van hasta donde inician los derechos de los demás. Todos somos conocedores de la situación critica en Pasto, la gente pasa hambre, los habitantes del Cauca no tienen gasolina y gas, los hospitales se quedaron sin suministros, los visitantes del sur del continente no pueden volver a sus destinos, todo porque 7000 indígenas quieren bloquear la vía panamericana como método de presión. Presidente, ¡haga algo!, el derecho a la protesta debe existir pero enmarcada en la Constitución y la civilidad. Ya ha habido explosiones, disparos y muertos. Así que actúe como se debe actuar contra delincuentes, con toda la fuerza de la Ley y con el uso de la armas por parte del glorioso ejército colombiano.
No más Petro paseándose por la Minga diciendo que él conoce el monte, recordando su época de guerrillero mientras se sumerge en el pantano con sus Ferragamos. Se trata señor Presidente de una protesta de cocaleros y guerrilleros con miedo a las fumigaciones aéreas; son unos narcocultivadores que solo buscan cuidar su negocio. CAEB
Carlos Andrés Echavarría Blandón es Ingeniero Civil de la Universidad Nacional, Especialista en Gestión Empresarial de la Universidad Santo Tomás, Creador de empresas y líder en emprendimiento con amplio reconocimiento público y privado en razón de sus Asesorías e interventorias.
La Calle Lo Dice, es un espacio abierto a libre pensadores que aportan a la construcción de Sociedad Civil. Nuestros distinguidos columnistas invitados son responsables de sus opiniones, lo que significa que sus posiciones no comprometen en nada la linea Editorial oficial del portal forochat.com.co
Con la derrota de los indígenas y su rendición, el imperio Español les otorgó autonomía en unas zonas específicas para que pudieran continuar con su estilo de vida ancestral y bajo sus propias leyes. Hoy en día, la Constitución Política de nuestro país les da las mismas garantías y mismos derechos. Nos preguntamos: ¿cuándo se cruza la línea de indígena a mestizo? La pregunta es oportuna, teniendo en cuenta que los mestizos no tenemos esos derechos, y en Colombia prácticamente todos somos producto del mestizaje, más de 500 años viviendo en el territorio nos hace acreedores del derecho de decir que también somos nativos. Podríamos entonces reclamar entonces todos esos beneficios que las Mingas aducen tener el día de hoy.
Más del 95% de los que se hacen llamar hoy indígenas, viven en estructuras como las nuestras fabricadas con cemento y acero, compran los víveres en las tiendas de abarrotes de los pueblos, lucen vestimentas como las que vemos en las ciudades, tienen los elementos tecnológicos como celulares y computadores, se transportan en vehículos y reciben educación en las entidades públicas y privadas del Estado; entonces pregunto, ¿por qué siguen teniendo beneficios como pueblos indígenas?.
El anterior interrogante se sustenta en estos puntos: son la única comunidad exenta de pagar impuestos y algunos son grandes terratenientes a través de miles y miles de hectáreas donadas por el gobierno para su uso y explotación, tienen sus propias leyes y no se pueden juzgar como al resto de los colombianos. Ocurre todo lo contrario con la población negra que son más puros como lo demuestra nuestra región pacífica, afros que llegaron esclavizados desde las colonias, nunca se mezclaron y son mucho más puros que los indígenas del Cauca, pero para los afros no existen esas garantías por no ser aborígenes, así lleven aquí como realidad 400 años de colombianidad.
El Cauca, cuya gran parte de su territorio pertenece a las comunidades indígenas, viene siendo una de las zonas cocaleras más grande del país. Es además es fortín de la guerrilla de las Farc, que cambiaron ahora de brazalete al ELN y EPL. Desde allí se produce el alcaloide y se tiene tráfico hacia el puerto de Buenaventura en el Pacífico. Los indígenas que no sirven para hacer grandes plantaciones de comida, que no tienen proyectos productivos en sus territorios, que no tienen hatos ganaderos, que no utilizan sus terrenos para prosperar, solo los tienen para producir hoja de coca en grandes cantidades porque hace rato han optado por vivir de los beneficios de la planta maldita. Eso sí, que no se le ocurra al gobierno intervenir en sus terrenos, allá son autónomos y con unos suaves huetazos solucionan todo.
El sátrapa del expresidente Santos, se comprometió con darle y darle a la guerrilla de las Farc para obtener un monumento a su vanidad, esa es la razón de fondo para que las extensiones de los cultivos de coca se multiplicaron por 5 y la productividad también se aumento. Los indígenas del Cauca, viendo que sus territorios eran campo de cultivo por estar dentro de un para-Estado, viven en contubernio donde solo se pensaba en el negocio de las drogas.
Con el cambio de presidente y con la amenaza latente de Estados Unidos con arremeter contra Colombia por su inoperante acción en la lucha contra las drogas, se plantea volver al único medio que ha sido eficiente en la batalla contra los cultivos ilícitos: la aspersión aérea y el uso del fungicida glifosato como erradicador a gran escala.
Durante el gobierno del expresidente Uribe se empleó el método y Colombia pasó de tener sembradas 187.000 hectáreas en 2002, a 47.000 hectáreas en 2010. Se emplearon miles y miles de litros del fungicida y se reportaron cero casos de enfermedades graves por su uso. Para ambientar el asunto, todos los cultivos en Colombia usan glifosato, incluso estos días hubo una investigación a una cerveza y decía que contenía glifosato, ya que todos los cultivos lo emplean como erradicador de maleza. El año que más se empleó glifosato en la lucha contra las drogas fue el 2004 y solo se incrementó un 6% el uso del químico en Colombia. Engañan entonces los líderes de izquierda cuando afirman que el glifosato es malo; pero por supuesto que si lo es, es sobre las personas que cuidan, siembran o recolectan la hoja maldita, no sobre los colombianos de bien.
La Corte Suprema prohibió la erradicación de la coca por medio de aspersión aérea y se disparó nuevamente la siembra. Hoy tenemos más de 220.000 hectáreas sembradas y creciendo, mientras la Corte no exhibe una sola prueba de que el glifosato es malo para la salud. Actúan tan parcializados que parecen legisladores para y por la guerrilla y los narcotraficantes. Los casos que lo demuestra son a granel: a finales de febrero de 2019 el presidente de la Corte Suprema de Justicia interrumpe al Ministro de Defensa pidiendo explicación con el manido argumento de que el costo para erradicar una hectárea de coca con glifosato era de 100 millones de pesos, el ministro le responde que está totalmente equivocado, que el costo es de 2 millones de pesos y que ese dinero lo pone el plan Colombia financiado por EE.UU, que nos sale casi gratuito, y el togado para no dar su brazo a torcer le dice al ministro que le envíe la información a su despacho, ¡qué desfachatez y arrogancia! No se preocupan por los erradicadores ni por los militares que exponen todos los días sus vidas en los campos minados que dejan las guerrillas en los sembrados de coca, solo les importa el negocio con sus nuevos mejores amigos.
Como quedó abierta la puerta para volver a utilizar aeronaves para erradicar, ¡oh sorpresa!, salen los indígenas del Cauca a protestar, la minga se toma la vía panamericana y paraliza el sur del país, exigen la presencia del Presidente de la República para mirar el incumplimiento de los acuerdos firmados con el régimen Santos, tienen 7000 personas bloqueando y destrozando la vida de todos los habitantes del sur del país, pero tampoco los medios de comunicación se ocupan de los tales acuerdos incumplidos. Se infiere que piden más y más tierra, no para su explotación, no para crear industria, no para producir comida para sus comunidades, piden que se expropien los ingenios azucareros que tienen tierras en el Cauca, vaya descaro, comienza la afrenta a los generadores de empleo en la zona. Otra pregunta que nos surge: ¿quien está alimentando esas 7000 personas?, ¿de dónde salen los recursos para que se queden allí indefinidamente? Para la opinión pública resulta demasiado fácil suponer la respuesta.
Otro despropósito, piden una partida presupuestal de 4,5 billones de pesos para manejarlo a su antojo, según sus necesidades. Aquí vemos un punto que debería cambiar la condición de indígenas inmediatamente. Un indígena vive de la tierra, del comercio del trueque, de los ríos y de su naturaleza. Uno se pregunta, si son pueblos independientes y no tienen la moneda como método de cambio, ¿para que quiere un real aborigen dinero?, si lo van a usar en cosas materiales, son mestizos como nosotros y deberían perder sus privilegios. Tengamos en cuenta que la suma que quieren es mayor que el presupuesto de Medellín. También se conoce el testimonio de varios líderes indígenas del Cauca que dicen que buscan ese dinero para financiar campañas políticas para corrientes de izquierda; hay vídeo de indígena en Popayán con megáfono denunciando esto.
A toda esta serie de cosas inconstitucionales preguntamos, ¿dónde está la autoridad del presidente?. Debería recordar que los derechos de unos, van hasta donde inician los derechos de los demás. Todos somos conocedores de la situación critica en Pasto, la gente pasa hambre, los habitantes del Cauca no tienen gasolina y gas, los hospitales se quedaron sin suministros, los visitantes del sur del continente no pueden volver a sus destinos, todo porque 7000 indígenas quieren bloquear la vía panamericana como método de presión. Presidente, ¡haga algo!, el derecho a la protesta debe existir pero enmarcada en la Constitución y la civilidad. Ya ha habido explosiones, disparos y muertos. Así que actúe como se debe actuar contra delincuentes, con toda la fuerza de la Ley y con el uso de la armas por parte del glorioso ejército colombiano.
No más Petro paseándose por la Minga diciendo que él conoce el monte, recordando su época de guerrillero mientras se sumerge en el pantano con sus Ferragamos. Se trata señor Presidente de una protesta de cocaleros y guerrilleros con miedo a las fumigaciones aéreas; son unos narcocultivadores que solo buscan cuidar su negocio. CAEB
Carlos Andrés Echavarría Blandón es Ingeniero Civil de la Universidad Nacional, Especialista en Gestión Empresarial de la Universidad Santo Tomás, Creador de empresas y líder en emprendimiento con amplio reconocimiento público y privado en razón de sus Asesorías e interventorias.
La Calle Lo Dice, es un espacio abierto a libre pensadores que aportan a la construcción de Sociedad Civil. Nuestros distinguidos columnistas invitados son responsables de sus opiniones, lo que significa que sus posiciones no comprometen en nada la linea Editorial oficial del portal forochat.com.co
En La calle Lo Dice, el libre pensador, ingeniero Carlos Andrés Echavarría Blandón, se ocupa del análisis político de la minga. Imagen cortesía Oxfam International.
