COLOMBIA, UN PAÍS DESGRACIADO

No más iniciar su proceso de Independencia, los que serían los Estados de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, quedaron capturados por la militarización liderada por Simón Bolívar, quien se dio a la tarea de improvisar repúblicas liberales, y en lugar de animar la integración con España, tal cual lo intentaron los autores de la Constitución de Cádiz de 1812 (conocida como la Pepa), que le concedió la ciudadanía a los habitantes de los dos lados del Atlántico, procedió a cercenar los vínculos históricos y culturales con el Reino de España, inspirado, además, por la fundamentalista Revolución Francesa de 1789, y por el subsiguiente Imperio Napoleónico que bañó de sangre al continente europeo, y hundió las reformas y el proceso de Ilustración que ya varias de las monarquías europeas venían adelantando.

Tras el proceso de Independencia, se empoderaron unos nuevos terratenientes y una incipiente burguesía, que significó el despojo de los pueblos indígenas, quienes venían siendo protegidos por la Colonia Española, perdiendo sus tierras de resguardo bajo el nuevo régimen de las repúblicas liberales. Al comienzo de nuestra vida republicana, nuestro país padeció el enfrentamiento militar entre centralistas y federalistas, y más tarde, entre liberales y conservadores. Los liberales, además, practicaron un profundo anticlericalismo, por el cual persiguieron a la Iglesia Católica, expulsaron del país a la Compañía de Jesús (a cuyos miembros se les conoce como Jesuítas) en 1850 y en 1861, le arrebataron propiedades, y hasta establecieron el control político en contra de la Iglesia, mediante lo que se conoce como tuición de cultos, que sometió la práctica religiosa católica a la autorización por parte del gobierno.

El país comenzó el siglo XX sumida en la Guerra de los Mil Días, que favoreció la pérdida de Panamá, y tras la cual se empoderó la Dictadura de Rafael Reyes, cuyo período de gobierno se conoce como el Quinquenio, tras el cual hubo un respiro, gracias a la labor de ese gran hombre de Estado, Carlos E Restrepo, nacido en Antioquia, quien llegó a la presidencia para gobernar entre 1910 y 1914, y lideró la Unión Republicana, compuesta por liberales y conservadores, a instancias de la cual se consiguió la aprobación de la muy democrática Reforma Constitucional de 1910, la cual abolió la pena de muerte, suprimió la reelección presidencial inmediata, estableció la responsabilidad presidencial por violación de la Constitución, y creó un completo sistema de control constitucional radicado en los jueces y tribunales judiciales, y en la Corte Suprema de Justicia.

La inequidad, la desigualdad social y el atraso, han imperado históricamente en todo el territorio nacional, especialmente en el campo, animadas grandemente por un sistema socioeconómico precapitalista y feudal, y por el sistema centralista que consiguió imponerse desde la Constitución conservadora de la Regeneración (liderada por el presidente Rafael Núñez) de 1886 hasta hoy. La inequidad en el campo ha estado además acompañada de violencia social y económica, la cual llegó al paroxismo con la Masacre de las Bananeras, de la que ni se sabe cuántos campesinos murieron, y que fue denunciada por el entonces congresista Jorge Eliécer Gaitán, quien llegó a tomar el nombre de El Caudillo del Pueblo. Este personaje, lejos de contribuir a resolver los graves problemas socioeconómicos y políticos del país, muy seguramente inspirado en la Italia Fascista de Benito Mussolini, que conoció directamente, pues vivió en Italia, cultivó el Populismo y el Culto a su persona, como claramente lo expresó al decir: “Yo no soy un hombre, yo soy un pueblo”. Pero el Caudillo Liberal nunca empoderó al pueblo, que no pasó de constituir simples masas que lo idolatraban, ni tampoco empoderó a líder alguno, por lo cual, tras su muerte, el 9 de abril de 1948, las masas populares de Bogotá no pasaron de responder con disturbios y desmanes, en lo que se conoce como el Bogotazo. Creo que Jorge Eliécer Gaitán es el directo e inmediato responsable de la violencia bipartidista que se apoderó de buena parte del país tras su muerte, cuya época se conoce como la Violencia, pues el Caudillo Liberal consiguió exacerbar los ánimos de las masas populares del país, creando el combustible necesario para la violencia política que sólo vino a ser neutralizada por el régimen del Dictador Gustavo Rojas Pinilla, iniciado en 1953, y que consiguió someter a numerosos criminales de variado cuño. Pero una nueva desgracia amenazaba al país, ni más ni menos que el comunismo soviético, que de manera totalitaria consiguió imponerse con la Revolución de Octubre de 1917, bajo el liderazgo de Vladimir Lenin, quien tras su muerte fue sucedido por una figura aun más siniestra de Joseph Stalin. Ante tal amenaza, los partidos liberal y conservador acordaron, en las ciudades españolas de Sitges y Benidorm, gobernar conjuntamente, y repartirse el poder y la burocracia de manera matemática, dando lugar al Frente Nacional, institucionalizado mediante una reforma constitucional aprobada mediante el Plebiscito celebrado el 1° de diciembre de 1957. El Frente Nacional rigió la política colombiana entre 1958 y 1970, y consiguió terminar con la violencia política entre los partidos liberal y conservador, y además, neutralizar la amenaza directa de que el comunismo llegara al poder político, pero al costo de suprimir la oposición e incrementar la tradición clientelista colombiana, y para desgracia del país, le entregó el pretexto a la insurgencia armada, de modo que nacieron varias guerrillas comunistas, herederas de las guerrillas liberales de los años cincuentas (50s), que persistieron, y pasaron a constituir grupos como las FARC-EP, nacida en 1964, a la cual se sumaron otras guerrillas como la castrista del ELN, y hasta maoístas como el EPL, y por si fuera poco, la del M-19, nacida en 1970. Para enfrentar a las guerrillas comunistas, el gobierno frentenacionalista del presidente Guillermo León Valencia, quien gobernó entre 1966 y 1970, creó los grupos de autodefensa.

Pero las desgracias del país no se detuvieron en las guerrillas comunistas, pues éstas fueron el incentivo y el pretexto para el surgimiento y consolidación de terribles grupos paramilitares, de condición inclusive genocida, surgidos en particular en 1977, procediendo a bañar de sangre las regiones más atrasadas y pobres del país, despojando a los campesinos de sus bienes y sus tierras, haciéndoles huir hacia las ciudades y hacia otros países, apoderándose de recursos naturales y de presupuestos públicos municipales y regionales, lucrándose con el narcotráfico, y practicando todo un incesto con las nuevas mafias, especialmente las que se especializaron en la exportación de cocaína. Por otro lado, la guerrilla surrealista del M-19 cometió la estupidez de secuestrar a Martha Nieves Ochoa, el 12 de noviembre de 1981, hermana del Clan de los hermanos Ochoa Vásquez, pertenecientes al Cartel de Medellín liderado por Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien respondió con total ferocidad, creando el grupo paramilitar Muerte a Secuestradores (MAS), que persiguió y torturó a numerosos militantes del M-19, y se alió con las Autodefensas lideradas por los hermanos Castaño (Carlos, Fidel y Vicente, a cuyo padre la guerrilla de las FARC-EP había secuestrado en 1979, dándole muerte), de modo que el exterminio alcanzó también a grupos de izquierda como la Unión Patriótica, erráticamente surgida por el proceso de paz promovido por el presidente Belisario Betancur Cuartas (quien gobernó entre 1982 y 1986) con la guerrilla comunista de las FARC-EP, lo que consiguió que los militantes de la Unión Patriótica fueran carne de cañón.

Y la violencia política, quizás narcoparamilitar, también se cobró la vida de Bernardo Jaramillo Ossa, de Carlos Pizarro León-Gómez, y es posible que igualmente la de Luis Carlos Galán Sarmiento. Y el segundo hecho que ensombreció la administración Betancur, fue la contratoma a sangre y fuego, con tanques incluso, del Palacio de Justicia, tras haber sido tomada por la guerrilla del M-19 en noviembre de 1985.
Ya en el decenio del ochenta, Colombia empieza a padecer los cruentos efectos de la guerra contra el narcotráfico impuesta por el gobierno de Estados Unidos, provocando la respuesta violenta de varios de los grupos mafiosos, en particular por parte del Cartel de Medellín liderado por Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien ante la persecución militar por parte de los Estados Unidos y de Colombia, y la amenaza de ser extraditado, respondió con magnicidios en contra de altos funcionarios del Estado colombiano, y con actos de terrorismo.

En medio de la costosa guerra contra las drogas, del conflicto armado de guerrillas comunistas como las FARC-EP, y de la consolidación del paramilitarismo, el país tuvo un respiro con el momento constitucional vivido desde 1990, que se concretó en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, sin duda el proceso más pluralista que ha tenido nuestro país en toda su historia republicana, del que participaron grupos como el desmovilizado grupo guerrillero M-19 y la guerrilla del EPL. El momento constitucional culminó con éxito tras la expedición de la Constitución Política del 4 de julio de 1991. Pero tal Constitución, aunque progresista y moderna, no consiguió nunca una vigencia real, práctica y efectiva, pues la violencia política y social, sobre todo en el campo, en lugar de disminuir, aumentó, dando lugar a todo un genocidio de muertes, masacres, torturas, despojos, desplazamientos forzados, y a un empoderamiento sin precedentes de las mafias en todo el país.

El decenio del noventa, y los inicios del tercer milenio en Colombia, estuvieron presididos por numerosas masacres, asesinatos de funcionarios regionales y municipales en todo el país, y por parte de las guerrillas comunistas de las FARC-EP y del ELN, secuestros y atentados terroristas, incluidos los perpetrados contra cascos urbanos y caseríos de pueblos apartados, mientras se incrementó exponencialmente el desplazamiento forzado y el despojo de las comunidades campesinas, afras e indígenas. El gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango, quien llegó al poder en 1998, estableció diálogos de paz con la comunista guerrilla de las FARC-EP, sin éxito alguno, y tal grupo guerrillero continuó cometiendo graves crímenes, incluido el secuestro. Tal fracaso significó el triunfo de Álvaro Uribe Vélez, quien persiguió con fuerza a las guerrillas, mientras desarrolló un proceso de paz con varios grupos paramilitares, los cuales venían capturando las instituciones políticas del país, incluido el Congreso de la República y los partidos y movimientos políticos, en lo que se denominó como la parapolítica, por la cual fueron condenados numerosos representantes a la cámara, senadores de la república, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales de todo el país. Y uno más de los horrores que sufrió el país durante el primer decenio del actual milenio, fueron los falsos positivos, por los cuales jóvenes y campesinos de todo el territorio nacional fueron presentados como guerrilleros.

En el año 2010 llegó a la presidencia Juan Manuel Santos Calderón (quien gobernaría por 2 períodos, es decir, hasta 2018), procediendo a establecer diálogos de paz con las FARC-EP, consiguiendo la desmovilización de esta guerrilla, bajo una profunda polarización del pueblo colombiano, dado el rechazo casi generalizado hacia la insurgencia armada que se consolidó tras el fracaso de los diálogos del Caguán unos diez (10) o doce (12) años atrás. Fue tal la polarización entre la sociedad colombiana, que el Plebiscito por la Paz al que se sometieron los Acuerdos de la Habana, fue votado negativamente por el Pueblo colombiano por un pequeño margen de ventaja, sin embargo suficiente para restarle a los Acuerdos la mínima legitimidad necesaria, no obstante lo cual, el gobierno del presidente Santos concretó su culminación.

Por lo pronto, la desmovilización de las FARC-EP ha estado acompañada de la continuación en el conflicto por parte de muchas de sus disidencias, mientras también el ELN permanece en armas, lo mismo que varias estructuras paramilitares y mafiosas, llamadas Bacrim por las autoridades. Y además, existen serias denuncias de que las disidencias de las FARC-EP y el ELN tienen presencia y protección en la vecina Venezuela.

Pero quizás la más grande de las desgracias a la que parece estar condenado nuestro país, está constituida por la consolidación en Venezuela, de un régimen cerrado y hostil, que constituye una terrible y oprobiosa Narcodictadura Militarista y Populista, que ya cumple dos (2) decenios en el poder, y cuyo claro propósito es su perpetuación, siguiendo el pésimo ejemplo de las Dictaduras Comunistas de China y Cuba, con cuyos regímenes se encuentra aliada, lo mismo que con la Autocrática, Autoritaria y Mafiosa Rusia de Vladimir Putin, que junto con China, hace rato emprendieron una Nueva Guerra Fría, tal cual lo evidencia la intervención rusa en el conflicto de Ucrania y su anexión de Crimea, lo mismo que el respaldo ruso a la Dictadura Siria de Bashar al-Ásad, consiguiendo vetar, junto con China, cualquier intento de solución militar a la crisis siria en el Consejo de Seguridad de la ONU. La Venezuela de Chávez y Maduro, la Cuba de los Castro, la Nicaragua de Daniel Ortega, la Bolivia de Evo Morales, y el Ecuador de Rafael Correa, trajeron pues la Nueva Guerra Fría a nuestra Región. Mientras tanto, Venezuela viene siendo, ya desde la era Chávez, una peligrosa bomba de tiempo, en manos de un hostil grupo mafioso y corrupto, que ha sumido a su pueblo en una crisis económica, social y humanitaria sin precedentes, que amenaza a toda la Región Latinoamericana, y especialmente a Colombia, su vecino más próximo y vulnerable por su violencia política y social endémica.

Muchos creen que Venezuela jamás se atrevería a entrar en un conflicto bélico real contra Colombia, dado que aunque cuenta con un armamento mayor, sus efectivos no se encuentran debidamente capacitados y entrenados para operar eficaz y eficientemente, y por no contar con un pie de fuerza suficiente para una campaña militar contra Colombia. Pero lo cierto es que cualquier régimen cerrado puede optar por la guerra para asegurarse su legitimación interna. En todo caso, la hostilidad que viene mostrando el régimen presidido por Nicolás Maduro Moros obliga a Colombia a aumentar su presupuesto militar y su equipamiento técnico, logístico y estratégico, pues la única alternativa sería suprimir las Fuerzas Militares, a fin de intentar conseguir enfrentar al régimen vecino mediante su desnudez y fragilidad. Pero como casi nadie en Colombia optaría por tal estrategia, debemos prepararnos para lo que sin duda será una carrera armamentista. Tal es pues, creo yo, la última y gran desgracia que ha caído sobre Colombia, mientras varias de las anteriores aun retumban en nuestro presente, o siguen todavía vigentes.Tema Forochat.com.co
Dominik de María, es miembro académico de la Escuela del Buen Vecino. Abogado de la Universidad de Antioquia, Especialista en Derecho Financiero de la U.P.B, en facebook Sociedad Abierta y No más Dictaduras.