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16 septiembre, 2018
ENSAYO SOBRE EL GOBIERNO DE LOS JUECES
22 septiembre, 2018LA SALUD COMO DERECHO HUMANO Y FUNDAMENTAL
Imagen de animación cortesía RCN Radio
No obstante la ONU haberle recordado a todos los gobiernos del mundo de que la salud, no solo es un derecho humano, sino un derecho fundamental; y estando este postulado de la ONU incorporado en la legislación colombiana, en nuestro país es violado sistemáticamente por el gobierno y los directivos de las EPS. Los directivos de las EPS, se sienten intocables y por fuera del alcance del brazo de la justicia, pues ya ni siquiera cumplen los fallos de tutela.
Los encopetados personajes de las EPS, que al parecer cuentan con la protección del gobierno, no solo irrespetan a los usuarios del servicio de la salud, sino a los jueces, habida cuenta que para muchos de ellos, el cumplimiento de las decisiones judiciales, parecen ser opcionales y no un mandato perentorio y de obligatorio cumplimiento. El gran problema que tenemos los usuarios de la salud, es que al parecer, tanto congresistas como gobernantes, están cooptados e hipotecados a los directivos de estos negocios, como lo definiera Juan Luis Londoño de la Cuesta en el hotel Tequendama en 1993, por la financiación de las campañas electorales. A lo que hay que agregarle, el lobby y la presión que ejercen las multinacionales farmacéuticas, que no mueven poco dinero.
En el país por estos días, se está hablando de una reforma a la justicia, por lo que resulta no solo oportuno sino trascendental, proponer que para descongestionar a la justicia, se sancione severamente a los directivos de las EPS, que por no cumplir con el deber que han adquirido, para con sus afiliados, estos se vean obligados a interponer acciones de tutela. De nada vale hablar de la descongestión judicial, si por la negligencia de estos irresponsables directivos o los incompetentes funcionarios públicos, los ciudadanos tienen que recurrir ante el Juez constitucional para que les ampare sus derechos vulnerados y desconocidos, no obstante hacer los aportes para la salud.
Creo que es el momento de abrir un gran debate nacional, entorno a tipificar con mayor claridad y rigor la responsabilidad penal de los médicos, que apartándose del juramento Hipocrático, basan su desempeño profesional en la bioética. Las sanciones a los directivos de las EPS, deben ser ejemplarizantes y severas, habida cuenta que son unos violadores de los derechos humanos de los usuarios de la salud, por lo precario de los contratos laborales de los médicos, la baja remuneración, la mayoría de los médicos son de mala preparación, y lo que es más preocupante, sin ninguna sensibilidad social y humana. Son numerosos los pacientes que por la práctica de una intervención quirúrgica inadecuada, quedan incapacitados de por vida o mueren en un quirófano.
Necesitamos un Código Penal con fuerza de eficacia, que sancione por la incapacidad de por vida de un paciente por la práctica de una intervención quirúrgica inadecuada o la muerte del mismo, por falta del suministro de los medicamentos, o por falta de hospitalización y atención médica oportuna. Es toda esta serie de cosas inconstitucionales las que deben ser penalizadas y con castigos severos, tanto para los médicos como para los directivos de las EPS.
¿De que material estaremos hechos los colombianos? Aquí nos acostumbramos a vivir en medio de las drogas ilícitas, de la inseguridad y la violencia, la corrupción y los desmanes de los responsables de prestar un eficiente servicio de salud. La universidad de la sabana, publicó en el año 2016 un escalofriante y aterrador informe, al decir que del total de los pacientes hospitalizados, mueren 180 mil. De esos 180 mil, el 70 por ciento obedece a eventos relacionados con procedimientos quirúrgicos equivocados, por la falta de una atención médica oportuna, por la dilatación del tiempo para hacer los traslados de los pacientes, y por la carencia de recursos médicos.
Considero que es el momento de abrir un gran debate nacional en torno al servicio público de la salud y las responsabilidades de Médicos y directivos de los hospitales, las implicaciones penales, y si tales directivos han llevado a los médicos a violar el juramento hipocrático para imponerles la bioética.
Colombia es uno de los pocos países del mundo, donde la gente paga por un servicio de salud que casi no le prestan y que cuando se lo prestan es deficiente; los médicos están sometidos cada vez más a elevadas cargas de trabajo, de los 15 minutos que dura una cita, diez se la dedican al computador para revisar la historia clínica y unos 5 minutos se lo dedican al paciente. Hoy la relación es la del médico con el computador, y no la del médico con el paciente. Los médicos mal remunerados, se ven sometidos a pesadas cargas laborales y presionados para que solo receten Acetaminofén y no medicamentos costosos.
La Ley 1751 de 2015, en su Artículo primero dispone: “Garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección”, y en el Artículo segundo consagró el derecho a la salud como fundamental. De nada vale la existencia de normas, sino hay quién las haga cumplir, ni ciudadanos que exijan su cumplimiento. A los directivos de las EPS, les cae muy bien la frase que se le atribuye a Luis XVIV: “El Estado soy yo”, pues estos sujetos imponen su propia ley. GAH
Gonzalo Alvarez Henao, varías veces concejal de la ciudad de Medellín con impacto serio y profundo para la ciudad. Sus debates frente a temas de profundo calado para la ciudad como la inseguridad, los negociados empresas UNE, EPM, Orbitel, EEVV, otorgaron en su momento credibilidad al Concejo de Medellín.
En TEMA FOROCHAT, nuestros distinguidos columnistas invitados, son responsables de sus opiniones, lo que significa que sus posiciones no comprometen en nada la linea Editorial oficial del portal de opinión global vecinal forochat.com.co
Los encopetados personajes de las EPS, que al parecer cuentan con la protección del gobierno, no solo irrespetan a los usuarios del servicio de la salud, sino a los jueces, habida cuenta que para muchos de ellos, el cumplimiento de las decisiones judiciales, parecen ser opcionales y no un mandato perentorio y de obligatorio cumplimiento. El gran problema que tenemos los usuarios de la salud, es que al parecer, tanto congresistas como gobernantes, están cooptados e hipotecados a los directivos de estos negocios, como lo definiera Juan Luis Londoño de la Cuesta en el hotel Tequendama en 1993, por la financiación de las campañas electorales. A lo que hay que agregarle, el lobby y la presión que ejercen las multinacionales farmacéuticas, que no mueven poco dinero.
En el país por estos días, se está hablando de una reforma a la justicia, por lo que resulta no solo oportuno sino trascendental, proponer que para descongestionar a la justicia, se sancione severamente a los directivos de las EPS, que por no cumplir con el deber que han adquirido, para con sus afiliados, estos se vean obligados a interponer acciones de tutela. De nada vale hablar de la descongestión judicial, si por la negligencia de estos irresponsables directivos o los incompetentes funcionarios públicos, los ciudadanos tienen que recurrir ante el Juez constitucional para que les ampare sus derechos vulnerados y desconocidos, no obstante hacer los aportes para la salud.
Creo que es el momento de abrir un gran debate nacional, entorno a tipificar con mayor claridad y rigor la responsabilidad penal de los médicos, que apartándose del juramento Hipocrático, basan su desempeño profesional en la bioética. Las sanciones a los directivos de las EPS, deben ser ejemplarizantes y severas, habida cuenta que son unos violadores de los derechos humanos de los usuarios de la salud, por lo precario de los contratos laborales de los médicos, la baja remuneración, la mayoría de los médicos son de mala preparación, y lo que es más preocupante, sin ninguna sensibilidad social y humana. Son numerosos los pacientes que por la práctica de una intervención quirúrgica inadecuada, quedan incapacitados de por vida o mueren en un quirófano.
Necesitamos un Código Penal con fuerza de eficacia, que sancione por la incapacidad de por vida de un paciente por la práctica de una intervención quirúrgica inadecuada o la muerte del mismo, por falta del suministro de los medicamentos, o por falta de hospitalización y atención médica oportuna. Es toda esta serie de cosas inconstitucionales las que deben ser penalizadas y con castigos severos, tanto para los médicos como para los directivos de las EPS.
¿De que material estaremos hechos los colombianos? Aquí nos acostumbramos a vivir en medio de las drogas ilícitas, de la inseguridad y la violencia, la corrupción y los desmanes de los responsables de prestar un eficiente servicio de salud. La universidad de la sabana, publicó en el año 2016 un escalofriante y aterrador informe, al decir que del total de los pacientes hospitalizados, mueren 180 mil. De esos 180 mil, el 70 por ciento obedece a eventos relacionados con procedimientos quirúrgicos equivocados, por la falta de una atención médica oportuna, por la dilatación del tiempo para hacer los traslados de los pacientes, y por la carencia de recursos médicos.
Considero que es el momento de abrir un gran debate nacional en torno al servicio público de la salud y las responsabilidades de Médicos y directivos de los hospitales, las implicaciones penales, y si tales directivos han llevado a los médicos a violar el juramento hipocrático para imponerles la bioética.
Colombia es uno de los pocos países del mundo, donde la gente paga por un servicio de salud que casi no le prestan y que cuando se lo prestan es deficiente; los médicos están sometidos cada vez más a elevadas cargas de trabajo, de los 15 minutos que dura una cita, diez se la dedican al computador para revisar la historia clínica y unos 5 minutos se lo dedican al paciente. Hoy la relación es la del médico con el computador, y no la del médico con el paciente. Los médicos mal remunerados, se ven sometidos a pesadas cargas laborales y presionados para que solo receten Acetaminofén y no medicamentos costosos.
La Ley 1751 de 2015, en su Artículo primero dispone: “Garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección”, y en el Artículo segundo consagró el derecho a la salud como fundamental. De nada vale la existencia de normas, sino hay quién las haga cumplir, ni ciudadanos que exijan su cumplimiento. A los directivos de las EPS, les cae muy bien la frase que se le atribuye a Luis XVIV: “El Estado soy yo”, pues estos sujetos imponen su propia ley. GAH
Gonzalo Alvarez Henao, varías veces concejal de la ciudad de Medellín con impacto serio y profundo para la ciudad. Sus debates frente a temas de profundo calado para la ciudad como la inseguridad, los negociados empresas UNE, EPM, Orbitel, EEVV, otorgaron en su momento credibilidad al Concejo de Medellín.
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En TEMA FOROCHAT, la crisis de la salud en Colombia con el más critico y profundo, el Ex Concejal de Medellín, doctor Gonzalo Alvarez Henao
